En España se comunicó la recogida de 183.103 perros en 2019. La cifra no es exhaustiva porque no incluye a la totalidad de las entidades de protección animal existentes, deja fuera a las recuperaciones y rescates realizados por particulares y también a los perros muertos por accidente o sacrificados por sus propietarios. No existen cifras oficiales, sólo un sondeo encargado por una fundación privada. Aunque probablemente el número de perros abandonados supere los doscientos mil al año, no hay grupos de perros errantes en la mayoría de los núcleos urbanos.
Liderar de modo recurrente el ranking europeo de abandono; uno de los mayores síntomas de tenencia irresponsable, no recibe una respuesta administrativa adecuada, ni una respuesta política a la altura de lo esperable en el contexto europeo. En España es tradicional asignar las competencias relacionadas con los animales a sus líneas de explotación y así la normativa que habla de los perros tienen más que ver con la caza y la guarda y custodia, que con la protección de los mismos. Para el código Civil español los animales siguen siendo cosas: semovientes o res nullius. El obligado reconocimiento de los animales como seres sintientes descansa aún en el cajón de lo pendiente, de lo que ya llegará, de lo de vuelva usted mañana que hoy estamos demasiado ocupados.
El Ministerio de Agricultura concede un lugar preeminente a la caza considerándola una importante actividad socioeconómica para el desarrollo del medio rural. Una élite local, y extranjera, disfruta descerrajado tiros sobre fauna local o animales criados en granjas liberados en el momento justo en que apuntan los rifles de fin de semana. Lo que está claro es que las sociedades cinegéticas preservan sus privilegios. El 1’6% de la población cuenta con licencia de caza y mantiene secuestrado en temporada alta el 85’65 del territorio nacional. El mismo ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene asignado el área de protección animal y demasiadas veces lo confunde con el control de calidad de los productos que considera ingredientes para el consumo humano. El MAPA ni en su web, ni en sus presupuestos, ni en muchas otras actuaciones se muestra tan diligente con los animales como con los titulares de la caza o la ganadería. Es como poner al león a cuidar de las gacelas.
Por ejemplo, el proyecto de real decreto de ordenación de los núcleos zoológicos, que se enmarca como una de las líneas de actuación para la tenencia responsable, parece eximir de la obligación de cuidado a los propietarios de los perros usados para la caza y para la protección del ganado y de las lindes. Pareciera que para el legislador la función modifica la condición biológica. Y no es así en realidad: igual especie, mismos derechos. No puede excusarse a nadie de los compromisos adoptados con la ratificación en 2017 del Convenio de Estrasburgo que ampara a los animales de compañía, porque todos los perros necesitan unos mínimos cuidados porque lo dicta su naturaleza, no el capricho humano.
También el Ministerio de Justicia apuesta por un retroceso en materia de protección animal. El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal prescinde de la figura de la acusación popular y particular en los delitos por maltrato animal. La fiscalía en solitario, corta de medios materiales e intelectuales para perseguir este tipo de delitos, lo tiene muy difícil para conseguir condenas efectivas que castiguen los daños perpetrados contra animales como nosotros, pero de otras especies.
La complicidad institucional y transversal con prácticas que atentan contra el cuidado de los animales explicaría por qué se tolera la cría indiscriminada, la falta de identificación y el abandono. A mi parecer, si no hubiese cierta pasividad frente el abandono de animales y el maltrato el Servicio de Protección de la Naturaleza sería más riguroso en el registro anual de galgos abandonados. Mientras las entidades de rescate recuperan decenas, centenares, incluso miles de lebreles en los meses posteriores al fin de la temporada de caza, la unidad dependiente de la Guardia Civil, recoge en su informe el abandono de solo 8 individuos en 2019 y de 52 en 2018. En este sentido, la Unión Europea envió hace unos días una carta al Gobierno Español y a los responsables de las 17 comunidades autónomas manifestando que “Consideramos que el trato a los perros de caza en España está en contradicción con los valores europeos y no encontramos justificación alguna de la diferenciación en el amparo que se otorga a los animales de compañía, frente a la que se da a galgos y otros perros de caza, considerados animales de trabajo”.
La población civil española ha mostrado ir muy por delante en materia de protección animal de lo que parecen ir sus dirigentes. Buena muestra es la extensa red de cuidadoras éticas de colonias felinas a las que hace referencia Agnés Dufau en su artículo para la revista. Son muchas las entidades protectoras locales y los particulares que hacen posible que los más de 200.000 perros que se abandonan cada año no se hagan omnipresentes en las áreas más inmaduras de la geografía española. En las comunidades autónomas más paternalistas sigue vigente el sacrificio de animales y se matan miles de perros a los pocos días de ingresar en las perreras con la excusa de que no hay sitio ni nadie los quiere. Toneladas de cadáveres son recuperados por empresas, algunas fabricantes de piensos de baja calidad que venden a colectividades.
Para muchas personas la condena a muerte de tantos inocentes les fuerza a buscar salida en la exportación de animales más allá de su comunidad autónoma y de su país. Se crean corredores de adopción que no cuentan con las necesarias garantías. De todo eso podemos ocuparnos en un siguiente artículo porque además de analizar los problemas debemos poder desarrollar las soluciones.
Photos © : JOSEP MARIA NAVARRO et MONICA PAMIES
Emma Infante
Master en Derecho Animal y Sociedad, Postgraduada en Antrozoología
Master en Droit Animalier, postdregree on Anthrozoologie (L’étude du rapport humain et les autres espèces d’animaux)
